El trato que el arte y la cultura reciben en España es lamentable y alarmante. No es raro si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobernantes del país mediterráneo son incultos e incluso analfabetos funcionales. España es uno de los lugares del mundo con mayor cantidad y calidad de monumentos, recintos históricos y patrimonio arqueológico. Y, a pesar de ello, ningún Gobierno, en los 37 años de democracia, ha sido capaz de articular una estrategia cultural para cuidar y conservar este tesoro que pertenece a todos, no sólo a los españoles, sino a la Humanidad en su conjunto. Y, como resultado, ningún Gobierno ha elaborado un plan de turismo cultural que permita promocionar y mejorar el alto patrimonio que salpica la piel de toro ibérica.
Por poner un ejemplo: en España se agrupan más de 90 catedrales e innumerables restos románicos. El estado de muchos de estos templos, como la Catedral de León, es preocupante y, a pesar de ello, siguen atrayendo a visitantes interesados por su cultura. Turistas que pernoctan en las ciudades, consumen bienes y dan a conocer el patrimonio a otros interesados. Todos estos edificios necesitan de un mantenimiento constante y caro, como la limpieza de las vidrieras o la restauración de fachadas, que se acometen de forma progresiva por falta de fondos. El país cuenta con un Plan de Catedrales, pero el estado de muchas de ellas da idea de las limitadas inversiones que se han realizado en el mismo. En Ávila, donde este medio ha viajado recientemente, la Iglesia y el Monasterio de Santo Tomás (del siglo XV) presentan en muchos de sus rincones un estado muy deteriorado debido a la falta de inversión para mejorarlo, por ejemplo en la fachada, con las tallas medievales casi desfiguradas. En muchas ocasiones, las propias congregaciones religiosas que poseen estos inmuebles realizan inversiones para mejorarlos, a veces ayudadas por dinero público.
Hace unas semanas, Teresa Rodríguez, diputada de Podemos en el Parlamento andaluz, reclamaba la “titularidad pública” de bienes patrimoniales, como la Catedral-Mezquita de Córdoba. Pero el problema no es si un elemento patrimonial es público o privado, sino la necesidad de, sea quien sea su propietario, contar con un programa de mantenimiento constante y bien financiado. Y aquí reside la cuestión sobre la que vuelan todos los políticos y que nadie trata: el dinero. La financiación para el mantimiento de conjuntos patrimoniales debe ser pública y provenir de los impuestos que pagan todos los españoles e incluso de la propia Unión Europea, poco interesada en mantener bien conservada la historia de sus territorios. Y, por favor, que la gestión de este presupuesto se deje en manos de profesionales y los políticos alejen sus narices del mismo.
Por ley, se deberían identificar aquellos elementos patrimonioales que, aún siendo privados, deben ser conservados, mantenidos y restaurados. Con posterioridad, se debe cuantificar el importe de las obras necesarias para mejorar los mismos. España es un país en el que se respeta la propiedad privada. Sin embargo, el Estado, a través de los representantes que eligen los ciudadanos, debe crear un sistema para obligar a los propietarios de estos bienes a mantenerlos en un estado aceptable, ayudándoles financieramente, si es necesario, e imponiendo a cambio unas condiciones de uso público de los mismos para todos los ciudadanos. En caso de que el propietario no quisiese o pudiese mantener el bien patrimonial, se podría proceder a la compra, expropiación u otra figura jurídica que permitiese hacerse cargo del mismo.
España cuenta con recursos económicos suficientes y con personal cualificado para llevar a cabo esta tarea. El plan debe ir acompañado de otro de mayor calado orientado a perseguir la corrupción que drena cientos de millones de euros cada año del sistema productivo, así como el fraude fiscal. Además, en los últimos años, el mercado de trabajo español ha expulsado a cientos de miles de trabajadores del sector de la construcción, que podrían reciclarse en la restauración y conservación de bienes del patrimonio.
No abogamos por volver al modelo constructivo despiadado y especulativo que llevó España a la crisis de empleo y paro que todavía sufre. Pero no es bueno estigmatizar una profesión que siempre será necesaria y que puede reactivar la economía española y el turismo cultural del país mediterráneo. Muchos trabajadores saldrían de las listas del paro, contarían con ingresos, consumirían, viajarían y permitirían cambiar con rapidez el modelo económico español, yendo hacia una mayor sostenibilidad económica, cualificación y tecnificación. La pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué nadie se pone manos a la obra?
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