Al menos tres hoteles de Cataluña han sufrido presiones de los gobernantes municipales para que obliguen a los policías nacionales y guardias civiles que se alojaban en ellos a marcharse. Los hechos han ocurrido dos días después de la celebración del referéndum de independencia de Cataluña, el pasado 1 de octubre. Los cuerpos de seguridad españoles, enviados a Cataluña para evitar que se celebrase el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, han sido muy criticados por su actuación, que en Cataluña se tilda de violenta.
Dos hoteles de Pineda de Mar (Tarragona) y otro de Calella (Barcelona) han sido conminados por los alcaldes de ambas localidades a desalojar a los policías que se encontraban en su interior bajo amenaza de que si no lo hacían se cerrarían los establecimientos. El Ayuntamiento de Pineda de Mar ha desmentido con posterioridad que haya habido presiones a los hoteleros. El impacto negativo que estos hechos pueden provocar en la imagen turística de Cataluña está por ver. Por un lado, estas acciones se vienen a sumar a otras que indican una deriva autoritaria de los precursores de la independencia: señalamiento de los disidentes, persecución o insultos, entre las actitudes menos graves.
En esta región española se reservaron 55,5 millones de noches en hoteles durante 2016. El 70% de estas pernoctaciones fueron realizadas por extranjeros, mientras que el resto provienen de los ciudadanos que residen en España. La polarización de pensamiento y actitudes que se está produciendo en Cataluña y España no hace imposible que ese 30% de noches reservadas por españoles en Cataluña desaparezcan en caso de una declaración unilateral de independencia. Carles Puigdemont, presidente regional, ha anunciado que proclamará la República Catalana en los próximos días tras el resultado del referéndum, en el que un 90% de los votos fueron favorables a la independencia, a pesar de que, según estimaciones, habría votado sólo un 38% del censo. Sin embargo, la votación se celebró sin garantías, habiendo sido declara ilegal, en un ambiente de crispación y sin las medidas mínimas que exige un referéndum de estas características.
La imagen que el Gobierno catalán está dando desde el punto de vista internacional tampoco es muy favorable. Es cierto que en los primeros momentos, los medios internacionales criticaron al Gobierno español por la actuación de la policía, pero ya se empieza a hablar sobre la tardanza del Gobierno catalán en comunicar los resultados oficiales del referéndum, así como de las irregularidades del proceso electoral (urnas opacas, posibilidad de votar en cualquier colegio, incluso varias veces, inexistencia de una junta electoral, etcétera).
La industria turística catalana es potente dentro de la economía española porque ha sabido generar, de forma muy inteligente, una mezcla adecuada entre viajeros extranjeros y nacionales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que 19 millones de turistas se alojaron en hoteles catalanes en 2016, el 61% fueron extranjeros y el 39% españoles. Si los viajeros nacionales desapareciesen de los alojamientos catalanes, por una independencia de la región sobrevenida o por otros motivos, el impacto económico para determinadas zonas sería fulminante. Además, hay que tener en cuenta que estos son datos generales y que en cada comarca catalana el mix de visitantes es diferente. No es lo mismo la costa tarraconense, barcelonesa y gerundense, donde abundan los extranjeros, que el interior de estas provincias y de Lérida.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha emitido un comunicado en el que “protesta” por el “chantaje e intimidación sufrida por varios hoteles del Maresme por parte de determinadas organizaciones y Administraciones Públicas, en relación a los clientes alojados en los mismos por ser estos miembros pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad”. En esta nota, la asociación solicita el cese de estos actos y una reflexión de las autoridades para volver a la convivencia. Para el turista internacional, que busca destinos seguros y estables, una declaración de independencia o una acción de fuerza por parte del Gobierno español puede ser un signo claro de que no debe viajar a Cataluña. Si la región lograse separarse políticamente de España otra cuestión es cómo afectaría esto a sus finanzas, con qué recursos contaría para gestionar la actividad y la afluencia turística o qué moneda sería la habitual.
Incógnitas no resueltas. No sólo hay que desear la independencia, también hay que saber gestionarla.
