De todas las empresas públicas que controla el Estado español, Paradores es una perita en dulce. El Consejo de Administración de la compañía, que gestiona hoteles históricos en nombre del Gobierno, se repartió 197.223,36 euros en dietas por asistencias a sus reuniones en 2013. En total, 15 personas forman parte de este consejo. Y el reparto se produjo mientras la compañía acumulaba pérdidas por valor de 119 millones de euros y se encontraba al borde de la disolución por la disminución de su patrimonio neto.
La retribución por dietas de Paradores es la mayor de todas las empresas públicas analizadas por el Tribunal de Cuentas en su “Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013”. Está por encima de la de Aena, el gestor público de aeropuertos, que llegó en 2013 a los 118.849,24 euros, INECO, con 172.664,68 euros o Correos, con 160.481,92 euros. El importe de las dietas que perciben los consejeros en las empresas públicas está regulado por una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 8 de enero de 2013.
El Consejo de Administración es una de las opciones de gobierno que pueden escoger las sociedades mercantiles y que se encarga de fijar la estrategia que debe seguir la empresa, verificar el cumplimiento de las grandes líneas marcadas y controlar la marcha de la gestión ordinaria. Esta última se lleva a cabo por los diferentes directivos y el personal de Paradores, desde la dirección general al último cocinero de la cadena de hoteles públicos. Por eso, el consejo no se reúne diariamente, sino cada cierto tiempo, con un tope legal de 11 reuniones anuales. Por cada una de estas reuniones, los integrantes del Consejo de Administración cobran una dieta, es decir, una remuneración por su asistencia y por tomar decisiones en el mismo.
Pero, ¿quién forma parte del Consejo de Administración de Paradores? La empresa está participada al 100% por el Estado, que es su único accionista, por lo que los puestos del consejo los nombra el Gobierno de turno, que en 2013, cuando el Tribunal de Cuentas realizó este análisis, era el Gobierno de Mariano Rajoy, sustentado por el Partido Popular. Los integrantes del consejo son los siguientes:
- Ángeles Alarcó, presidenta y consejera delegada (en la fotografía).
- María Lara Hernaiz, Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Economía y Competitividad. Ministerio de Economía y Competitividad.
- Manuel José Díaz Corral, Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Santos Casto Nogales Aguilar, Secretario de Acción Sindical SMC-UGT.
- Javier González Martino, Consejero Delegado de Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.
- Francisco Javier González Ruiz, Vocal Asesor Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- José María Jover Gómez Ferrer, Subsecretario de Industria, Energía y Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Álvaro Guinea Rodríguez, Subdirector General de Coordinación de Edificaciones Administrativas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Blanca Ripoll Martínez de Bedoya, Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Alfonso de Senillosa Ramoneda, Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
- Juan Tejedor Carnero, Subdirector General de Empresas y Participaciones Estatales. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Fernando Pérez-Olivares Hinojosa, Inspector de los Servicios de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Augusto González Alonso, Subdirector General Adjunto de Gestión Económica Administrativa y Tecnologías de la Información. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Esteban Roca Morales, Inspector Coordinador del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos Institucionales. Gabinete de Presidencia del Gobierno.
- Javier Borrego Borrego. Abogado del Estado Jefe ante el Tribunal de Cuentas.
Como se ve, todos son cargos políticos o funcionarios de la Administración General. Muchos muy cercanos a la Presidencia del Gobierno, pero con poca relación con el sector del alojamiento o del empresariado turístico. En total, cada consejero sale a 13.148,22 euros en dietas en el año 2013. Y, si se llega al tope de 11 reuniones anuales, cada consejero se embolsa 1.195,29 euros por asistir a cada reunión del consejo. Estas cantidades se suman a los salarios que percibe cada consejero por su trabajo en la Administración General del Estado. Los únicos que no cobran estas dietas son los altos cargos de la Administración, que por el artículo 9 de la Ley 5/2006 de 10 de abril están obligados a ingresarlas en el Tesoro Público, como es el caso de José María Jover, Blanca Ripoll o Alfonso de Senillosa. En total 52.006,92 euros fueron devueltos al Estado en virtud de este precepto legal, por lo que el reparto real de dietas en Paradores ascendió a 145.216,44 euros.
El pago de estas cantidades ya es llamativo en una empresa pública al 100%. Pero resulta más llamativo si se tiene en cuenta que Paradores obtuvo pérdidas en 2013 de 19,75 millones de euros y acumulaba números rojos por valor de 119,71 millones de euros por resultados negativos en ejercicios anteriores. Por si esto fuera poco, el Gobierno, con dinero de todos los españoles, procedente de los impuestos, tuvo que inyectar 152 millones de euros en Paradores para compensar estas pérdidas e impedir que la empresa entrase en causa de disolución por la pérdida de su patrimonio neto, lo que habría afectado a los trabajadores y los clientes. Empleados que también se vieron sometidos a un Expediente de Regulación de Empleo que sirvió para despedir a 350 personas.
Mientras todo esto pasaba, el Consejo de Administración se repartía 197.000 euros. El informe del Tribunal de Cuentas también contabiliza el dinero con el que se remuneró a la dirección: 612.738,75 euros. En Paradores había cuatro directivos en 2013, uno de ellos su presidenta, Ángeles Alarcó, que cobró 176.850 euros en 2015, según datos de la compañía. Esto significa que los otros tres directores se repartieron 435.888,75, con un salario medio en la alta dirección de Paradores de 145.296,25 euros.
En 2015, tras seis años de pérdidas continuadas, Paradores ha obtenido un beneficio de 4 millones de euros. Devolver la compañía a los números negros e iniciar su internacionalización con el primer Parador en Portugal serán los dos hitos de la presidenta Ángeles Alarcó en su mandato.
